Con el inicio del año escolar 2026, el pasado 4 de marzo entró en vigencia la ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos electrónicos —tablets, computadores y relojes inteligentes— en todos los establecimientos educativos del país, salvo universidades. La medida, impulsada por evidencia internacional que muestra mejoras en concentración y convivencia escolar, contempla excepciones para necesidades educativas especiales, situaciones de salud, catástrofes y uso pedagógico.
Sin embargo, la normativa trajo consigo tensiones importantes, especialmente luego de que se aclarara que la prohibición también aplica a los docentes. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reconoció que muchos profesores utilizan sus dispositivos para coordinación interna y trabajo pedagógico. Desde la academia también se advirtió que esta restricción puede debilitar la autoridad docente e ignorar realidades como establecimientos sin conectividad estable.
Nuestra directora, Soledad Garcés, fue entrevistada por El Dínamo al respecto. Como directora de la Fundación para la Convivencia Digital —organización que ha asesorado a más de 70 colegios en la implementación de esta normativa— señaló que el proceso no ha estado al margen de tensiones:
«Nos hemos encontrado con la resistencia de los profesores, porque sienten que la ley los pone a la altura de los estudiantes. Ellos pueden usar dispositivos sin problemas, solo que debe quedar regulado en el Reglamento Interno como en cualquier empresa o servicio público. A su vez, existen (aunque son pocos) profesores que son dependientes del teléfono y no lo pueden dejar, lo que da una mala imagen de ejemplo a los estudiantes.»
Garcés también reparó en que hay docentes que «le dan un valor pedagógico al dispositivo que no existe. No hay estudios serios que validen el uso pedagógico del teléfono. No así otras metodologías y otros dispositivos». Y agregó que «los equipos directivos no les dan respuestas claras cuando piden excepciones, como por ejemplo en el caso de los profesores cuyos hijos son TEA, y a veces los llaman de los colegios para asistir a sus hijos».
Con todo, también se reportan efectos positivos en los estudiantes: mayor interacción social, más juego físico y una actitud más abierta entre pares. Los colegios tienen plazo hasta junio para adaptar sus reglamentos internos a la nueva normativa.
Fuente: El Dínamo – 18 de marzo 2026
