Un grupo de apoderados de tercero básico está evaluando presentar un recurso de protección colectivo ante la Corte de Apelaciones. ¿El motivo? las reiteradas agresiones físicas y verbales de un compañero autista hacia sus pares y docentes, a pesar de los apoyos implementados.
Según el equipo de convivencia escolar, las conductas —golpes, escupitajos, tirones de pelo, agresiones a sus compañeros y profesores— no siempre ocurren en contextos de desregulación. En ocasiones, la alumna expresa que prefiere estar fuera del aula, jugando. A pesar de múltiples reuniones con la familia, acuerdos alcanzados y estrategias de intervención propuestas, los episodios se repiten semana a semana. Los estudiantes afectados(as) tienen miedo, fobia escolar y retrocesos en aprendizajes.
¿Es válido que los apoderados recurran a la justicia en estos casos? Jurídicamente, sí. El recurso de protección busca garantizar derechos fundamentales, como la seguridad y la integridad física y psíquica de los estudiantes. Pero cuando una comunidad escolar debe llegar a la Corte para resolver conflictos, es una señal clara de que algo en el sistema no está funcionando como debiera.
En este caso, el colegio ha activado estrategias de apoyo y contención tanto para el estudiante como para el curso en cuestión. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes. La situación recuerda una reciente sentencia de la Corte Suprema (Rol 10524-2023), que validó la cancelación de matrícula de una alumna con TEA debido a conductas gravísimas reiteradas, las cuales afectan gravemente la convivencia y seguridad de la comunidad educativa.
Este tipo de situaciones nos obliga a reflexionar con seriedad: ¿es el aula regular siempre la mejor opción para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes?. ¿Se cumple para todos con el principio del interés superior del niño?
La inclusión es un derecho sin duda, pero también lo es que a todos los estudiantes se les garantice el derecho a la educación de calidad. Cuando la falta de madurez, escaso compromiso de los padres en seguir tratamientos o dificultades de regulación, impiden una sana convivencia, se vuelve urgente pensar en otras soluciones.
Es momento de abrir el debate educativo, jurídico y humano con altura de miras, sin estigmatizar, sino poniendo foco en el bienestar integral de todos quienes participamos del aula inclusiva, también los profesores.
